Este año, OpenDocument Format (ODF) cumple 20 años desde su creación como alternativa abierta y libre a los formatos propietarios de documentos.
En ese tiempo, ha logrado el respaldo formal de organismos internacionales como la OTAN y la ONU, además de recibir el impulso de la Comisión Europea y diversas administraciones nacionales y regionales, que incluso han prohibido el uso de formatos como OOXML, el estándar de Microsoft.
Sin embargo, como señala Italo Vignoli desde The Document Foundation, hay una gran brecha entre el compromiso oficial y su implementación práctica.
🧩 Una adopción más teórica que real
Aunque ODF cuenta con amplio apoyo institucional, su uso efectivo sigue siendo limitado. Vignoli, quien ha trabajado más de una década impulsando el formato, advierte que muchas de las medidas adoptadas son solo recomendaciones sin seguimiento, sin que se traduzcan en transformaciones tangibles en el uso cotidiano del software en las administraciones públicas.
💼 Microsoft y el poder del statu quo
Uno de los grandes frenos a la adopción de ODF es la presión del ecosistema Microsoft. Según Vignoli, el formato OOXML estaría asociado a ingresos anuales de 25.000 millones de dólares, lo que refleja el poder económico que hay detrás de la suite Microsoft Office. Esto plantea una interrogante clave: ¿la hegemonía de Office se debe a su calidad real o a la fuerza de la costumbre y el marketing?
Además, Microsoft ha sido señalada por usar estrategias como lobbies y campañas de desinformación para mantener su posición dominante. Esto contribuye a una dependencia tecnológica que genera problemas de interoperabilidad y pone el control de la información pública en manos de un solo proveedor.
🌍 Casos de éxito: Europa, América y más allá
A pesar de los obstáculos, hay ejemplos positivos:
- En Europa, países como Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Eslovaquia han promovido ODF en distintas formas. Alemania ha sido particularmente activa, con un plan de adopción para 2027.
- En Italia, el uso de OOXML está prohibido por ley en la administración pública, aunque la norma rara vez se aplica con rigor.
- España también aparece mencionada, destacando los casos de Andalucía, Extremadura y especialmente la Comunidad Valenciana, donde las escuelas públicas usan LliureX con LibreOffice.
🌎 En el resto del mundo:
- Brasil lo declaró formato oficial en 2010 para la administración federal.
- Uruguay, Venezuela y Argentina (provincia de Misiones) lo han adoptado de forma parcial.
- En Asia, destacan India y Taiwán.
- En África, Sudáfrica lo ha incorporado en su política de interoperabilidad.
- Incluso la OTAN exige el uso de ODF para sus documentos internos.
⚠️ Retrocesos: cuando lo político supera a lo técnico
No todo han sido progresos. El caso del Principado de Mónaco es paradigmático: en 2013 migraron 15.000 escritorios a Linux y LibreOffice, adoptando ODF. A pesar de los buenos resultados técnicos y económicos, presiones políticas, supuestamente influenciadas por lobbies corporativos, revirtieron el proceso en 2017.
🧭 ¿Y ahora qué? Voluntad política, más allá de la técnica
Según Vignoli, el problema ya no es técnico ni legal, sino de voluntad real. Muchos gobiernos ya han aprobado el uso de ODF, pero faltan mecanismos y compromisos firmes para aplicarlo efectivamente. Y frente al poder económico de los grandes proveedores, la pregunta persiste: ¿pueden las administraciones públicas resistir la presión empresarial y apostar de verdad por la soberanía tecnológica?
Entre la promesa del estándar abierto y la realidad de la dependencia
A 20 años de su creación, ODF ha demostrado ser viable, funcional y deseable, pero sigue sin alcanzar una adopción masiva real. Mientras las instituciones reconozcan su valor pero sigan usando soluciones propietarias, el formato seguirá atrapado entre el compromiso simbólico y la resistencia estructural al cambio.
Fuente: somoslibres
