La política de "austeridad republicana" del Gobierno de México, para disminuir el gasto público, tiene entre sus fuentes de ahorro el uso de software libre que podría ahorrarle unos 3.000 millones de dólares en licencias, pero especialistas advierten que la opción también acarrea graves problemas de ciberseguridad.
Sin fondos
Desde diciembre de 2018, cuando asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, las oficinas públicas han recibido la instrucción de optar por alternativas de software gratuito, en vez de pagar licencias onerosas a multinacionales.
Esa decisión llevó a que Microsoft pasara de obtener en 2018 un total de 19 contratos para suministrar software a instituciones del Estado, a solo cuatro este año 2020.
Entre esas cuatro adjudicaciones directas se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria; la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según la información contenida en el portal oficial del Gobierno federal.
Se trata de cuatro áreas que resultan estratégicas para el manejo de información, que comprometen desde los procesos judiciales; la adjudicación de pensiones; la vigilancia de productos agrícolas, hasta la vital supervisión del sistema financiero.
Campos señala que cuando se trata de software que maneja información específica "es un poco más complicado que haya competencia, pues hay un grupo muy preciso de empresas que hacen esos productos, no se trata de plumas o lápices, cuyos proveedores son abundantes y es fácil conseguir un sustituto".
El Gobierno también eliminó recientemente los recursos de "E-México" un fideicomiso (fondos públicos administrados por entidades privadas) destinado a ampliar la conectividad y la utilización de tecnologías informáticas, lo que significará un recorte de cerca de fondos de 190 millones de dólares.
La reciente abolición de 109 fideicomisos que administraban unos 3.000 millones de dólares, que ahora serán repartido en forma directa por el Gobierno a becarios, desde artistas, académicos y científicos hasta víctimas de la violencia, fue una iniciativa presidencial que obligó al oficialismo a emplearse a fondo para superar a la oposición unificada en contra.
Uno de los proyectos que manejaba ese fideicomiso "E-México" correspondía al uso de banda ancha para facilitar la conexión a internet en las comunidades más pobres del país.
Pero el recorte de gastos en la compra de software podría crear también problemas de seguridad, según un estudio realizado por la consultora Synopsis en 2019.
Esa firma encontró que la utilización de bases de datos de código abierto en México provocaba vulnerabilidades de hasta un 49% en la información manejada.
Fuente: somoslibres
