El Decreto Ejecutivo 1014 del 10 abril de 2008 introdujo al Estado ecuatoriano en la era del uso del software libre. Años más tarde, esta disposición también está incorporada en la Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios), aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 11 de octubre.
Pero, ¿qué es el software libre? David Ochoa presidente de la Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE), institución que reúne a 200 programadores, explica que el software libre no es otra cosa que el acceso completo al código fuente o, por así decirlo, a la serie de instrucciones que expone cómo funciona un programa.
“En un software cerrado, cuando el programa deja de funcionar no podemos saber qué es lo que está pasando, pero al contar con el acceso al código fuente, podemos leer como funciona. Esto hace posible que el usuario pueda repararlo y realizar mejorías para adaptarlo a sus necesidades, e inclusive pueda compartirlo para provecho de otros.
Ochoa destaca que contar con software libre abre la posibilidad para que los individuos y las empresas pasen de simples usuarios a desarrolladores de nuevas tecnologías. Esto también hará que en algún momento el uso de recursos para la adquisición de paquetes informáticos se minimice.
En este contexto, resaltó que el Ecuador se encuentra en buen camino, ya que en los últimos años se nota un alto incremento de su uso en personas y empresas. “Este es el caso de la Cámara de Tecnologías Libres, que ha visto en el software libre una oportunidad para movilizar la economía, al automatizar sus servicios; y obtener un importante ahorro de recursos al eliminar la compra y uso de programas con licencia” agregó.
Añade que la Administración Pública del país no se queda atrás, ya que actualmente se encuentra usando programas desarrollados completamente con softwares libres, como el del Sistema Nacional de Compras Públicas, el Sistema Nacional de Recursos Humanos y el Sistema de Gestión Documental Quipux. Este último está permitiendo homologar la transferencia de información y documentos, con el consiguiente beneficio en la optimización, acceso y agilidad de la gestión pública.
Según Ochoa, el Ecuador ha invertido alrededor de 500 millones de dólares en programas, antivirus y otros, situación que en el mediano plazo puede cambiar con el uso de aplicaciones y programas construidos con software gratuitos, hecho que además de generar un ahorro, le otorgará autonomía tecnológica, estandarización e integración de procesos, seguridad, independencia de proveedores y democratización de la información.
En este sentido destacó como positiva la inclusión en el Código Ingenios de la obligatoriedad para que las instituciones públicas hagan un estudio que identifique en qué casos es mejor usar software libre. “Esto es correcto ya que en ciertos casos no habrá remedio y se tendrá que utilizar las tecnologías del momento, como la que se usa en tomógrafos, pero salvo esas excepciones, la migración a sistemas gratuitos adaptados a las necesidades de las instituciones, hará posible que se mejore aún más los servicios que se prestan”, aseveró el representante de ASLE
Por último, resaltó que el uso del software libre a escala mundial se encuentra muy posicionado, a tal punto que países como Bolivia, Uruguay, Italia, Argentina, España, entre otros, ya se encuentran incorporando en sus legislaciones un marco jurídico que viabilice su utilización, o en su efecto ya se encuentran en proceso de migración a las nuevas tecnologías.
Puntualizó que Ecuador tiene una ventaja, porque este tema ya se viene trabajando desde 2008 y ahora con la nueva Ley seguramente se incorporará aún más en la discusión y en la propia planificación, al momento de pretender adquirir tecnología o paquetes informáticos.
Fuente: eltiempo | somoslibres
