El parlamento búlgaro aprobó hace unos días una ley que obliga al uso de código abierto en la contratación de servicios IT, en concreto aquellos que incluyan la provisión de software para la administración pública del país.
Esto no significa que pasado mañana se vayan a pasar a Linux o se elimine el software privativo ya instalado, pero este trato preferencial hacia el software libre permitirá en un futuro mayor grado de independencia respecto de proveedores como Microsoft, facilitando el desarrollo de la industria local y la reutilización de código por diferentes organismos del gobierno con total flexibilidad.
Para Bulgaria esta ley implica la disposición de forma general (bajo licencias libres como GPL o MIT) del código generado, el cual ha sido financiado de forma pública. Es un tema en lo que se lleva trabajando desde el año pasado y para ello se está trabajando en un repositorio en GitHub, del que podrá beber la comunidad del software libre.
Otro de los objetivos es una mayor transparencia en las políticas open data, que proporcionen una mayor confianza al ciudadano en el funcionamiento de la administración electrónica.
Mencionar también los beneficios habituales en cuanto a la posibilidad de verificar la seguridad del código en el software o la ausencia de backdoors, algo imposible de comprobar con la política de seguridad por oscuridad que caracteriza al software privativo.
Una excelente noticia en definitiva, también en el apartado económico si tenemos en cuenta la reducción de costes que supone para el estado el no tener que andar renovando licencias (en muchos casos un auténtico monopolio). Por no hablar de la necesidad que a veces se plantea de adquirir nuevo hardware, cuando viene demandado por el aumento de requisitos necesarios para ejecutar determinado programa o sistema operativo.
Fuente: Medium | lamiradadelreplicante
